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Declaración municipalista en favor de una contratación pública sostenible

Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Pamplona, Sabadell y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)

marzo 2017

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Resumen :

Lamentan que el Gobierno central recorta los avances impulsados por la Unión Europea

Los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Pamplona, Sabadell y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) han firmado este jueves una declaración municipalista a favor de una contratación pública sostenible.

La declaración tiene como objetivo la promoción de la contratación pública responsable, que impulse el tejido productivo local, dando acceso a las pymes y promoviendo la economía social y las empresas sociales y ambientalmente responsables.

El documento critica que el Gobierno central ha presentado en el Congreso un proyecto de ley de contratos del Sector Público que, a su juicio, no define nuevos procedimientos de contratación ágiles y eficientes, y recorta avances que había impulsando la norma europea 24/2014 en esta materia.

Para los municipios firmantes, esta declaración es una oportunidad para generar marcos legales que permitan hacer de la contratación pública una herramienta de transformación social y económica, además de « coherente con el mandato de la Directiva Europea ».

Al acto han acudido el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello; la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlon; el concejal de Gobierno, Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez; el de Gobierno Interior de Valencia, Sergi Campillo, y el primer teniente de alcalde de Sabadell, Joan Berlanga.

TRANSCRIPCIÓN DE LA DIRECTIVA

Pisarello ha asegurado que este es el « punto de salida de una campaña que quiere interpelar a todos los ayuntamientos », y ha lamentado que el Gobierno central del PP ha optado por no trasponer los elementos más avanzados de la directiva europea.

« Continúan apostando por la opacidad y complejidad en la contratación pública », ha asegurado, y ha insistido en que no se han incluido las cláusulas sociales y laborales, además de dejar fuera a la contratación electrónica, que ha señalado como esencial para minimizar los casos de corrupción.

Ha insistido en que ayuntamientos de diferentes colores políticos y de todo el Estado « van a una para impugnar esta reforma insuficiente y que no está a la altura de lo que se necesita », y ha expresado que también interpelan a los sindicatos, al mundo de la empresa para impulsar la contratación pública sostenible.

TRIPLE CRISIS

Parlon ha asegurado que España se encuentra en una triple crisis: económica, social e institucional, y ha asegurado que hay muchas de las soluciones que se han impulsado desde los ayuntamiento, con el principal objetivo de crear condiciones de trabajo dignas.

« Esta declaración tiene mucha fuerza si realmente puede hacerse efectiva », ha valorado, y ha insistido en que la Economía Social y Solidaria (ESS) tiene un gran papel en la lucha contra la precarización laboral, pero ha lamentado que le cuesta acceder a la financiación.

Sánchez ha recordado que esta declaración ha logrado unir a ayuntamientos de distinto color político, y ha explicado que el Gobierno central no ha aceptado las enmiendas a la totalidad de la transposición de la Directiva Europea 24/2014: « No descartamos que el trámite de enmiendas parciales permita mejorarlo ».

Campillo ha recordado que los ayuntamientos tienen « responsabilidades como generadoras de modelos social y de comportamiento », mientras que Berlanga ha asegurado que la inercia del sistema actual propicia una falta de transparencia y opacidad y una falsa libre concurrencia, y deja fuera a empresas más pequeñas y con responsabilidad social.

 

Artículo de REAS

Fuentes :